Plantean en Sonora que acoso y hostigamiento sexual sean faltas graves para servidores públicos
Una iniciativa presentada en marzo de 2026 en el Congreso sonorense propuso que quienes trabajen en el gobierno y cometan estas conductas puedan perder su puesto y quedar impedidos para volver al servicio público.
Las personas que trabajan en el servicio público en Sonora y acosen u hostiguen sexualmente a otras podrían ser separadas de su cargo y quedar inhabilitadas, de acuerdo con una propuesta que la diputada Rosángela Amairany Peña Escalante expuso el 3 de marzo de 2026 ante el pleno del Congreso del Estado, conforme a información de su oficina de prensa.
Para lograrlo, la iniciativa planteó modificar la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora y añadir de manera explícita ambas conductas a la lista de faltas administrativas consideradas graves. En palabras sencillas, el documento separa dos casos: el acoso sexual ocurre cuando alguien realiza actos sexuales o lascivos que la otra persona no aceptó, sin importar si hay o no un jefe de por medio, siempre que dañen su dignidad o vuelvan adverso el ambiente de trabajo; el hostigamiento sexual es ese mismo comportamiento, pero cometido por quien tiene un puesto superior o poder sobre alguien que depende de él.
La legisladora explicó el motivo de la reforma: “El planteamiento establece que estas conductas no estaban previstas de forma expresa en la legislación vigente.”
Más allá de los castigos, la propuesta contempló un sistema que combina prevención, protección a las víctimas y sanción, y que pretende dar más fuerza al protocolo con el que ya cuenta la administración pública estatal.
El proyecto fue respaldado con las firmas de legisladores de PES, Morena y PVEM. Luego de su presentación en marzo, se remitió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que lo analizara.
